Artículo 8. Al abogado general le corresponde:

Por otra parte el Reglamento Orgánico establece: Artículo 8. Al abogado general le corresponde: I. Asesorar en el ámbito jurídico al director general;

​II. Representar legalmente al Instituto ante toda clase de autoridades y particulares con las facultades que le delegue el director general;

​III. Dirigir los servicios de legislación, asesoría jurídica y representación legal del Instituto;

IV. Proponer al director general los proyectos de ordenamientos jurídicos que se requieran para el desarrollo de las atribuciones institucionales y controlar su registro y compilación;

V. Verificar que todos los actos y documentos jurídicos que emita el Instituto cumplan con los requisitos de formalidad constitucional y de apego a las leyes consecuentes, para evitar la afectación de los derechos de terceros;

​VI. Establecer los criterios de interpretación de la legislación aplicable en el Instituto;

VII. Coordinar las acciones legales que se deriven de la comisión de hechos delictivos que afecten a la esfera jurídica del Instituto, para los efectos legales a que haya lugar;

VIII. Planear, dirigir y evaluar, en coordinación con la Secretaría de Administración, la atención de las gestiones necesarias para mantener la armonía en las relaciones laborales del Instituto, de acuerdo a las disposiciones legales aplicables;

IX. Dirigir la atención de las controversias que se susciten con motivo de las relaciones laborales entre las autoridades del Instituto con sus trabajadores y sus organizaciones sindicales;

X. Coordinar y dar seguimiento, con la participación de la Secretaría de Administración, al cumplimiento de los convenios suscritos con las representaciones sindicales de los trabajadores del Instituto;

XI. Coordinar la participación requerida en las comisiones mixtas paritarias en los asuntos de su competencia;

XII. Dirigir la formulación, revisión, cotejo y registro de los convenios y contratos que celebre el Instituto, así como aprobar aquellos en que participe el director general;

XIII. Emitir el dictamen jurídico sobre la procedencia o improcedencia de las solicitudes de reconocimiento de validez oficial de estudios, y elaborar los proyectos de acuerdo para su otorgamiento o revocación;

XIV. Dictaminar sobre la procedencia jurídica del otorgamiento y revocación de permisos a terceros para el uso, aprovechamiento o explotación temporal de espacios físicos o para la realización de cualquier acto de comercio o publicidad en los inmuebles en los que el Instituto sea propietario o poseedor;

XV. Proponer los criterios correspondientes para autorizar a terceros el uso o explotación, por cualquier forma o medio, de la propiedad intelectual del Instituto;

XVI. Coordinar el registro de los planes y programas de estudios autorizados ante la Secretaría de Educación Pública;

XVII. Dirigir las acciones de representación legal del Instituto ante las autoridades correspondientes, para garantizar la protección de la propiedad intelectual que le corresponda;

XVIII. Ordenar y coordinar las acciones conducentes para salvaguardar el patrimonio inmobiliario del Instituto;

XIX. Emitir las guías normativas que se requieran para facilitar a las dependencias politécnicas, la gestión de los servicios jurídicos necesarios para el ejercicio de sus atribuciones y garantizar el debido cumplimiento del orden normativo interno;

XX. Establecer los criterios de actuación de los servicios jurídicos que presten los abogados delegados en las escuelas, centros y unidades de enseñanza y de investigación que determine el director general, y

XXI. Las demás atribuciones que sean necesarias para el ejercicio de las anteriores, las que las disposiciones legales y administrativas le otorguen y las que le sean conferidas expresamente por el director general.